La adolescente argentina fue asesinada el 28 de diciembre pasado mientras caminaba por la playa entre los balnearios de Valizas y Aguas Dulces. Su cuerpo fue encontrado dos días después por un artesano identificado como Ricardo. Ese hombre habría sido procesado esta semana por descubrirse en su propiedad unas 75 plantas de marihuana. Y en las últimas horas criticó el sistema de búsqueda empleado por la prefectura uruguaya durante las 48 horas en las que se consideró desaparecida a la menor de 15 años.
"En el momento que encontré el cuerpo supe que se me venía la noche", explicó el artesano, que fue citado varias veces por el juzgado de Rocha y fue considerado, incluso, sospechoso de crimen. El ADN encontrado en el rastro de sangre en las pertenencias de Lola será comparado con el de ese hombre, al igual que el de los otros detenidos que pasaron por el despacho de la jueza Marcela López, primero, y de Silvia Urioste, al volver ésta a ocupar su puesto tras la feria judicial de enero.
El artesano explicó al periódico Subrayado que en esos días de búsqueda de la menor "había una cuadrilla de marineros que andaban rancho por rancho entre los «pichis» de Las Malvinas (un grupo de viviendas humildes sobre la playa) mostrando las fotos, a ver si la habíamos visto. Después andaban en la playa con los cuatriciclos y camionetas. De esa forma no iban a encontrar nada: lo único que hicieron fue borrar las evidencias, las huellas", dijo.
La investigación del asesinato de la joven argentina estuvo permanentemente rodeada por la polémica. Incluso la primera jueza de la causa pidió una licencia médica tres días antes del cambio previsto por el sistema de feria judicial.
La mochila de Lola, por ejemplo, fue encontrada el 14 de enero, un día después de la llegada de la jueza Urioste al caso. Estaba apenas enterrada en un médano a muy pocos metros del lugar donde fue hallado el cuerpo de la menor, el 30 de diciembre. Durante dos semanas ese lugar no fue rastrillado en forma efectiva y se perdió tiempo para dar con ese elemento, que, finalmente, aportó un rastro de ADN del sospechoso del crimen.
Además de las muestras de las personas que dieron testimonio en el juzgado, ese registro genético será comparado con el banco de datos de ADN que el gobierno uruguayo alimenta con información de procesados desde 2011. También se cotejarán los datos con el último detenido, un joven de 25 años, que fue liberado anteayer y que estaba bajo sospecha por un presunto ataque sexual. (La Nación)
