Lo expresó esta mañana, al ingresar a la Casa de Gobierno y precisó que durante la jornada, tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como la Inspección General de Justicia (IGJ) tomaran los recaudos necesarios para intervenir en el hecho, ya que se ha perjudicado al país.
Aníbal Fernández ratificó, asimismo, que la Cancillería dio curso ayer a los pedidos de extradición de Hugo Jinkis, su hijo Mariano Jinkis y de Alejandro Burzaco. No bien llegó la solicitud, cursada por la embajada de los Estados Unidos en la Argentina, inmediatamente procedió como dice la ley 24767, la ley de extradición argentina.
Como informó la Cancillería previamente, a través de un comunicado, dichos pedidos fueron entregados en el Juzgado Federal numero 8 cuyo titular es el Dr. Marcelo Martínez de Giorgi aproximadamente a las 20.30 horas, siguiendo la normativa aplicable a estos casos.
Más allá del trámite judicial, explicó el Jefe de Gabinete, los hechos ilícitos pagan impuestos y amplió: si se comprueba que hay una pago de estas características, en algunos casos hablaban de U$S 15 millones -no sé como es el tema realmente- el Estado a través de AFIP tiene todo el derecho a reclamar el 35% de impuesto a las Ganancias. Hay un leading case en la Corte que es gráfico al respecto.
Además de haber existido el pago de sobornos el Estado, como socio minoritario de Clarín puede pedir la intervención judicial de la empresa Tornos y Competencias, ratificó.
Aníbal Fernández mencionó luego varios tweet que el grupo Clarín difundió ayer a modo de aclaración, supongo que el objetivo ha sido ese, dijo y agregó: Uno de los que me llamó la atención es el que decía que el Grupo Clarín no explota el fútbol con la empresa Torneos y Competencias; no tengo porque no creerlo, pero a renglón seguido dice que Torneos y Competencias es dueña del Canal de Deportes TYC, en un 50% y el otro 50% pertenece a una empresa dominada por el Grupo Clarín. Ergo, el Grupo Clarín es socio de Torneos y Competencias.
Sostuvo seguidamente que como el Estado es un socio minoritario de Clarín, pero socio al fin, lo que puede llegar a suceder es que en el marco de la investigación que la IGJ haga respecto de lo sucedido en la empresa por el pago de sobornos, también el Estado como socio puede reclamar la intervención judicial para la averiguación específica del pago a los sobornos.
