El proyecto otorga al Estado la "plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional", con potestad para "desafectar bienes, rescatar, reconvenir o renegociar contratos de concesión suscriptos con Nuevo Central Argentino, Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca, Metrovías y Ferrovías.
La intención del oficialismo es retomar hoy el debate y emitir dictamen del texto tras la exposición de Randazzo, quien concurrirá a las 13.30 al plenario de comisiones de Transporte, Presupuesto y Hacienda y Obras Públicas de la cámara baja a exponer los alcances y la implementación del proyecto.
El proyecto sería debatido en el recinto después de los feriados de Semana Santa, el próximo 8 de abril, en el marco de una sesión especial.
La iniciativa comenzó a ser debatida la semana pasada por los diputados por un plenario de comisiones, donde la mayoría de los bloques parlamentarios manifestaron su respaldo en general al proyecto y sólo el Frente de Izquierda y de los Trabajadores anunció su rechazo al texto y la presentación de un dictamen de minoría.
Un día después, el plenario contó con la presencia de especialistas y dirigentes gremiales del sector ferroviario que coincidieron en general con el espíritu de la iniciativa, aunque plantearon sus diferencias principalmente en torno a los actuales concesionarios.
Según anunció el ministro Randazzo, al confirmar el envío al Congreso del proyecto, la iniciativa apunta a "la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario". Con ese objetivo, el texto remarca la necesidad de "rever los vectores del sistema de explotación del transporte ferroviario de cargas argentino" y dispone la constitución de la sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, bajo la órbita de la cartera que conduce Randazzo. Se establece además la "modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional" para la operación de los servicios de carga, de modo que "cualquier operador ferroviario pueda transportar carga con origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las instalaciones (en esos puntos de carga o destino)".
En su artículo 6, la iniciativa establece acciones coordinadas entre la operadora y administradora estatal y la sociedad Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima.
"Este proyecto tiene por objeto la recuperación definitiva de la administración de los ferrocarriles por parte del Estado, partiendo de la idea central de que el mismo puede gestionar incluso de una manera más eficiente que los privados", remarca la propuesta.
Según la nueva normativa, la dirección y administración de la empresa pública estará a cargo de un directorio integrado por un representante de la Secretaría de Transporte, por el titular de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (o de la sociedad que la reemplace en el futuro), por el presidente del directorio de Belgrano Cargas y por dos representantes gremiales del sector, designados por el Ministerio del Interior.
Según los fundamentos del proyecto, "hoy a diferencia de las políticas neoliberales de los '90, en cuyo marco se afirmaba que "ramal que para, ramal que cierra", el gobierno nacional considera que "ramal que arranca, no para nunca más".
El Estado Nacional "viene implementando políticas públicas con el objeto de fortalecer y mejorar el sistema ferroviario, incluyendo la reactivación de los diferentes ramales de pasajeros de media y larga distancia, poniendo en valor varias estaciones y llevando adelante numerosos proyectos e inversiones en infraestructura, como la construcción de nuevos pasos a nivel, la puesta en valor y reactivación de distintos talleres y el mejoramiento de vías".
De acuerdo al texto, este cambio que se viene implementando en materia ferroviaria "pone de manifiesto la importancia que le asignó el gobierno nacional a un aspecto central para la vida de millones de argentinos, como es de la movilidad y en este aspecto se considera central declarar de interés público nacional y como objetivo prioritario la política de reactivación de los trenes de pasajeros y de cargas".
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado el envío del proyecto al Congreso, en el marco de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, al inaugurar el 133 período de sesiones ordinarias, cuando anticipó que remitiría al Parlamento la iniciativa "para recuperar por parte del Estado todos los ferrocarriles argentinos".
"No me mueve ningún afán estatista", dijo la Presidenta en esa oportunidad, quien precisó que con esta iniciativa "el ahorro será de 415 millones de dólares adicionales".
