El primer eje será la creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima, con la que se busca "dar un ordenamiento definitivo al sistema ferroviario, incluido el sector de carga". El espíritu de este segmento es la creación de "una empresa madre" administrada por el Estado para la operación los servicios de pasajeros de corta, media, larga distancia, además de los consagrados al transporte de mercancías.
En un segundo eje, el proyecto plantea la rescisión de los contratos de operación de los privados en el servicio de transporte de pasajeros del área metropolitana. "Mañana (por hoy) se van los privados y el Estado se hace cargo de los ferrocarriles Mitre, San Martín, Roca y Belgrano Sur, del mismo modo que el Sarmiento", se indicó. Este segundo punto está mediado por una resolución que se publicó hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
La tercera parte del proyecto que llegará al Congreso entre esta semana y la próxima establece la convocatoria a los sectores privados concesionarios de ramales de carga como la empresa Nuevo Central Argentino (Nca) explotada por la compañía Aceitera General Deheza; Ferro Expreso Pampeano, administrada por el Grupo Techint, para operar servicios de carga en ramales de los ferrocarriles Roca, San Martín, Sarmiento y Mitre; y Ferrosur Roca, concesionada a la compañía brasileña Camargo Correa.
De aprobarse la ley, existirá para las privadas la posibilidad de seguir operando. Una fuente explicó al diario Tiempo Argentino que "el proyecto instruye a Randazzo para que el Estado recupere las vías y se abren dos posibilidades: o se expulsa a los privados o estos se convierten en operadores a cargo del Estado", y agregó que en ese orden, el Estado, en tanto dueño de las vías, les va a cobrar peaje.
"Hoy las concesionadas transportan lo que les conviene, por ejemplo NCA transporta sólo los productos de Aceitera General Deheza y no abre el juego", graficó la fuente, quien comparó ese ejemplo con la experiencia del Belgrano Cargas, con la que "el Estado demostró que se puede crecer en volumen y diversificar la carga en función de las economías regionales", consideró. En ese sentido, el vocero expresó que "hay una decisión de englobar a las empresas estatales que ya de alguna manera están funcionando en la (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado) Sofse y en la Administradora de Infraestructura Ferroviaria (Adif)" creadas por medio de la Ley de Reordenamiento Ferroviario.
El Ferrocarril Sarmiento es la única línea enteramente estatal y la única que opera a través de la Sofse. El Sarmiento volvió a la esfera pública tras el incidente con una unidad que colisionó en la cabecera de la estación Once en la mañana del 22 de febrero de 2012. El hecho dejó un saldo de 52 pasajeros muertos y más de 200 heridos y redundó en la rescisión del contrato al grupo empresario Cirigliano. El juicio con el que se busca determinar a los responsables del siniestro se realiza desde marzo de 2014 en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2. Hay 29 imputados en la causa.
Ayer, el anuncio del proyecto de ley redondeó uno de los momentos más reconocidos del discurso presidencial. En el mensaje, que coincidió con el Día del Ferroviario, la jefa de Estado enumeró "la renovación de vías y flotas, de las líneas Sarmiento, San Martín y Mitre y el trabajo que se viene realizando en la electrificación del Roca" entre las políticas destinadas al sector por parte de su gobierno. También subrayó el desembolso de U$S 1200 millones en el Belgrano Cargas, que representa "una inversión en materia ferroviaria que no se hacía hace más de 50 años", definió la mandataria.
Tras recordar la fundación de Ferrocarriles Argentinos en la primera presidencia de Juan Domingo Perón, Fernández destacó que la nueva iniciativa no está inspirada en "ningún afán estatizador" sino por el contrario en una voluntad de "mejorar la eficiencia". En ese marco, la mandataria recordó que en el caso de la línea Sarmiento el Estado Nacional aumentó el gasto un 17%, a contramano de lo que sucedió con los administradores empresarios de las líneas San Martín, Roca y Mitre, que tuvieron aumentos superiores. El ahorro estimado a partir del cambio de administración será de $ 415 millones, calculó.
En el centro del objetivo, tras el mensaje de Fernández, el ministro Randazzo informó a los medios que cubrieron la apertura legislativa la decisión de informar a los concesionarios sobre los detalles del proyecto que discutirán diputados y senadores. El titular de Interior y Transporte explicó que se está "notificando a dos empresas que a partir de mañana (por hoy lunes) que el Estado asume la operación del servicio de trenes, tanto de carga como de pasajeros."
El funcionario amplió que la ley que se enviará al Parlamento será para crear la Sociedad de Ferrocarriles, un "organismo que fusionará todas las empresas que hoy funcionan de manera privada en el país". Desde hoy, sumó el precandidato a las elecciones presidenciales, "el Estado se hará cargo de la operación del servicio".
El ministro aseguró que la creación de la nueva empresa "no es un capricho", y defendió que con el impulso del nuevo modelo de administración "se ha recuperado un recurso estratégico". Y aclaró que no se trata de una expropiación sino de una estatización.
Randazzo prosiguió con una evaluación de la administración privada de los ferrocarriles. Según dijo, desde el inicio de su gestión al frente de la cartera de Transporte "se demostró que el Estado puede ser mejor administrador que los privados, ahorrando una cantidad de recursos enormes que hoy se pagan a las empresas que tienen operación". El anuncio se inscribe en una línea de medidas que el gobierno nacional, y la gestión de Néstor Kirchner, tomaron para el sector. Se suma también al proceso que se inició tras la Tragedia de Once, cuando se adquirieron formaciones nuevas de procedencia china para las líneas de transporte urbano de pasajeros y para ramales de larga distancia.
