La jefa de Estado dijo ayer por cadena nacional que la iniciativa llegará al Parlamento antes de su viaje a China, previsto para el sábado, pero el llamado a sesiones extraordinarias -previo a las sesiones ordinarias que comienzan el 1 de marzo- regirá desde febrero.
La iniciativa establece el cambio de la Secretaría de Inteligencia (SI) -que ya reemplazó a la SIDE- por la Agencia Federal de Inteligencia. Éste nuevo organismo reunirá y analizará hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes. Tipificará para ello la prevención de amenazas internacionales del terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas y el ciberdelito.
La nueva ley establecerá la transferencia de la totalidad del sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal, en razón de ser "el único ministerio extrapoder". En los hechos, la norma por tratarse en el Congreso otorga esa facultad a la Procuración General de la Nación.
"La decisión política de eliminar la Secretaría de Inteligencia será remitido a partir de febrero en el Congreso e implicará un nuevo enfoque", señaló esta mañana el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su conferencia de prensa en la Casa Rosada.
Capitanich dijo que los cargos principales en el nuevo organismo durarán lo que dure un cargo presidencial o lo que decida el jefe de Estado: "Los plazos los regula el presidente de la Nación". La agencia estará conducida por un director general y un subdirector, que serán designados por el Poder Ejecutivo, como hasta ahora, pero con un agregado: deberán contar con acuerdo del Senado. Es probable que la cúpula nombrada en diciembre pasado, encabezada por Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, no cambiará.
"La designación será aprobada por mayoría simple [de ambas Cámaras del Congreso]", dijo Capitanich. También señaló que la planta de agentes que trabajará en el nuevo organismo "será conforme al perfil que se requiera" y que los archivos que actualmente ostenta la ex SIDE "tendrán el procedimiento de la ley de inteligencia".
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, había dicho más temprano, al ingresar a la Casa Rosada, que la reforma pueda generar malestar en el personal que quede desafectado. Consultado sobre si hay riesgo de tener "mano de obra desocupada", en referencia a ex agentes que pudieran pasar a operar en el plano delictivo, Fernández respondió: "No, no tiene por qué suceder nada de eso".
"No tiene por qué pasar eso. Hay que hacer un trabajo inteligente y ver cómo se resuelve y se ajustan los funcionamientos a futuro. No es un tema para preocuparse", agregó.
Las claves del proyecto
Nuevo organismo
El proyecto de ley anunciado por la Presidenta anoche por cadena nacional consiste en la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, organismo que estará cargo de un director y subdirector. Ambos funcionarios serán designados por el Poder Ejecutivo, pero requerirán la aprobación del Congreso
Seguridad nacional
La iniciativa, que será presentada en el Congreso antes del viaje de la Presidenta a China, establece que la Agencia Federal de Inteligencia reunirá y analizará hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes. Tipificará para ello la prevención de amenazas internacionales del terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas y el ciberdelito
Escuchas telefónicas
El proyecto establece la transferencia de la totalidad del sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal, en razón de ser "el único ministerio extrapoder". En los hechos, la norma por tratarse en el Congreso otorga esa facultad a la Procuración General de la Nación, hoy en manos de la kirchnerista Alejandra Gils Carbó
Penalidades
Según anticipó la Presidenta en su discurso, en el proyecto se establecen penalidades para quienes no cumplan con la disposiciones vigentes, con penas de 3 a 10 años de prisión, delito no excarcelable. Serán penados los funcionarios que tomen contactos por fuera de los canales institucionales con miembros de la flamante agencia
Razones
Según la Presidenta, la disolución de la ex SIDE "es una deuda de la democracia. Tal vez me toca a mí hacer la reforma. Hemos visto una suerte de calesita permanente de fiscales, jueces, medios de comunicación, que evidentemente ha quedado a descubierta y que hay que cortar de cuajo", justificó Cristina Kirchner.
