"Lo que se está abriendo es un gran debate nacional y una mecánica de participación ciudadana más amplia", sostuvo Alak y destacó la creación de una red de laboratorios forenses en el marco de la reforma para dar agilidad a los procesos judiciales.
En el inicio de la reunión de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto, donde comenzó este martes en el Senado la discusión de la reforma del Código propuesta por el Gobierno, también expuso María del Carmen Falbo, procuradora general de la Provincia de Buenos Aires, quien calificó como "revolucionario" el cambio en la normativa.
"Lo que se va a hacer es salir del sistema inquisitivo no democrático hacia un sistema democrático para que cada parte del proceso judicial tenga un rol preponderante", explicó la funcionaria, quien negó que exista en el proyecto una "superposición de roles".
Falbo también remarcó la necesidad de que se produzca "un cambio cultural" de parte de quienes serán "los operadores" del nuevo sistema judicial y puso de relieve el hecho de que las querellas tendrán más participación para "acompañar la tarea de los fiscales".
"Yo celebro profundamente este cambio. No hay otro sistema democrático que el sistema acusatorio. Por suerte hay 16 provincias que tienen el sistema", dijo y precisó que en otra época se pensaba que encarar una reforma de este tipo implicaría "más gastos" pero aclaró que "las experiencias en los distritos donde rige el sistema acusatorio han sido muy buenas".
Falbo recordó que en la provincia de Buenos Aires hace 16 años que rige el sistema y aseguró que llevarlo a nivel nacional "es un salto real a un sistema democrático en la justicia, a un sistema ágil, dinámico y con la inmediatez que se necesita".
No obstante, la funcionaria opinó que "el mejor código puede ser la peor instrumentación si no hay un compromiso, una capacitación y un cambio cultural profundo en aquellos que van a operar el sistema", por lo que es necesario -dijo- "tomar prevenciones".
"Hay que tomar prevenciones pero hay que votarlo", afirmó y mencionó también la importancia de "reformar la ley de Ministerio Público que rige en la Nación porque no se va a compatibilizar con el régimen acusatorio".
Consideró que "los delitos van más adelante que nosotros y que las coyunturas también cambian, por lo que aquello que estaba muy bien hace años atrás hoy ya no está tan bien".
En ese sentido, sostuvo que habrá detalles del proyecto que "habrá que retocar sin ninguna duda" y puso como ejemplo artículos que estima "no acertados" como el que hace mención a "la libertad de declarar".
En ese aspecto, evaluó que "si no se cita nunca al imputado puede pasar esa ausencia y que no haya podido siquiera prepararse para su defensa".
También cuestionó los plazos para las prisiones preventivas, propuestas en 72 horas, y declaró al respecto que "los plazos deben ser ágiles pero con la prudencia necesaria" porque "hay casos que no se pueden resolver en 72 horas".
"Ese plazo -enfatizó- se puede mantener en casos de hurto o arrebato pero para casos más complejos debería extenderse el plazo hasta 15 días justificadamente", explicó, tal como sucede en la provincia de Buenos Aires donde ya se implementa ese régimen.
En la audiencia de hoy, también expusieron Eduardo Quattropani, fiscal de San Juan y presidente del Consejo Federal de Fiscales y Procuradores, quien declaró que "la gran mentira de la justicia argentina es que los jueces investigan. Investiga la policía y esta reforma significa poner la Justicia cerca de la gente. Es la gran deuda de la Nación".
"Festejamos y adherimos cambiar el paradigma investigativo porque es la única manera de que la justicia tenga posibilidad de triunfar contra el delito", remarcó.
El oficialismo confía en poder dictaminar favorablemente sobre la iniciativa el 12 de noviembre próximo para poder darle media sanción y darle giro a Diputados en la sesión del 19 de noviembre, informaron fuentes parlamentarias.
