Durante el debate, la oposición planteó críticas respecto de las facultades que el nuevo Código le otorgará a la Procuración General de la Nación y del artículo referido a la expulsión de extranjeros, que fue uno de los ejes del debate.
En su exposición, Alak sostuvo que el nuevo Código Procesal "no pretende un sistema punitivo demagógico ni de mano dura" sino "acelerar los plazos", y subrayó que podría solucionar el problema de los presos sin condena, dado que "las cárceles tienen promedio altísimo de procesados, del 60 por ciento".
"Percibe como objetivo final lograr un grado de mayor satisfacción en la sociedad", afirmó Alak, quien destacó que el proyecto busca "sumar oralidad al proceso, garantizar que quien cometa un crimen sea penado y que la víctima pueda participar activamente del proceso sin tener que pedir permiso".
A su turno Álvarez explicó cuestiones técnicas del proceso planteado por el nuevo Código, como el hecho de que el fiscal deberá "decidir en 15 días si formaliza la investigación del hecho o no".
También habló de la realización de una "audiencia de formalización" en la que "se cita al juez, al defensor y al fiscal", mecanismo que "reemplaza la imputación, indagatoria y procesamiento, que duraba un año y medio".
El presidente del bloque de la UCR, Gerardo Morales, anticipó que pedirán modificaciones al proyecto para "garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal" porque, según opinó, "hay un control muy laxo de la gestión" de ese órgano, encabezado por Alejandra Gils Carbó.
Además, cuestionó que uno de los artículos del nuevo Código "faculta al procurador general y al defensor general a disponer lo concerniente a la asignación de las nuevas causas y la redistribución de las existentes".
"Nos parece que este artículo es un exceso", indicó Morales, a quien le siguió su compañero de bloque Mario Cimadevilla, que solicitó la concurrencia al plenario de Gils Carbó.
Por otra parte, Morales advirtió que el proyecto no contempla el decomiso anticipado de los bienes producto del narcotráfico y la trata de personas.
En tanto, el presidente del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, señaló que quieren darle "continuidad al tratamiento el jueves", y anunció que concurrirán "procuradores de las provincias donde el sistema acusatorio está funcionando" y "jueces de Casación Penal de distintos fueros".
La intención del oficialismo es debatir el proyecto en comisión hasta mediados de noviembre, para someterlo a votación en el recinto antes de la finalización del período de sesiones ordinarias.
