Además, Mena agregó que "por otra parte, en caso de que se reforme el Código Procesal Penal, las causas que son anteriores, se seguirán tramitando por el viejo código, es decir, el actual".
De esta forma dio por tierra con las críticas de la diputada massista Graciela Camaño quien había manifestado que la reforma era "para los funcionarios públicos actuales" y con las de la macrista Patricia Bullrich, quien se había referido a la "colonización de los fiscales y jueces".
Mena indicó que "los jueces mantendrán su función" y que "lo único que se modifica es la capacidad que tendrán de investigar, ya que será desarrollada por los fiscales".
Y, respecto de la independencia de los fiscales, remarcó que "dependen del Ministerio Público Fiscal, que es un organismo autónomo".
En el mismo sentido respondió al ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra quien había sugerido la necesidad de reformular la Ley de Ministerio Público en caso de que se aprobara la reforma del Código Procesal Penal.
Mena le contestó que "sería una visión muy coyuntural esa, sobre todo cuando estamos hablando de que el código que hoy nos rige data de 1888".
"Por lo tanto, obstaculizar una reforma que busca solucionar los problemas de la gente en plazos razonables, no tiene ningún sentido", manifestó el subsecretario.
Mena aseveró que el Gobierno "no" hizo "nada nuevo" ya que se trata de "un tema cuyo debate" estimó "saldado tanto en el ámbito académico, como en el político".
De hecho, argumentó que "en las provincias ya se ha pasado de un sistema inquisitorio a uno acusatorio como se propondrá en el proyecto, con excelentes resultados" por lo cual "hay que ir avanzando como han hecho muchos países de Latinoamérica, adaptándose a las nuevas necesidades de la población".
"La idea es que los delitos no queden impunes y que los procesos, en vez de tardar cuatro o cinco años, tarden cuatro o seis meses. Acabar con la escrituralidad -se decidirá en audiencias orales y públicas-, y desde ya, descartar cualquier posibilidad de la extinción de una causa penal o cierre", insistió.
El subsecretario dijo además que "cuando el proyecto sea enviado al Congreso no van a encontrar una sola referencia de la cual tomarse para creer que esto puede suceder sino que, por el contrario, se busca que las causas cierren, pero porque hay una condena firme y efectiva".
