entre la Nación y las provincias petroleras concurrieron el
secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, el ministro de
Planificación, Julio de Vido, y la secretaria de Energía, Mariana
Matranga.
Pese a las críticas de la oposición, que sostuvo que la
iniciativa no promoverá inversiones y cuestionó el sistema de
prórrogas a las concesiones de explotación, el oficialismo anunció
que buscará firmar el dictamen del proyecto este miércoles, tras
una nueva reunión de comisiones a la que asistirá el presidente de
YPF, Miguel Galuccio.
Zannini aseguró que el proyecto es "un modelo que acelerará el
objetivo del autoabastecimiento" y que en las negociaciones con
los gobernadores trataron "de que todos ganen para que se acelere
la inversión, haya un régimen estable y se obtenga lo antes
posible el autoabastecimiento".
El funcionario remarcó que este proyecto "no toca en ninguno de
su puntos la Ley Corta", en referencia a la norma que consagra la
potestad de los Estados provinciales sobre los recursos
hidrocarburíferos.
En esta línea, la definió como una ley "ganar-ganar" en la que
"las provincias ponen lo que pueden poner, son las que van a
otorgar las concesiones y las que puede otorgar la prórroga"
mientras que "la Nación pone lo que puede poner, en materia de
disponibilidad de divisas" y de "infraestrutura".
Por su parte, De Vido admitió que "la balanza energética tiene
un saldo negativo de 7.000 millones de dólares", y para
solucionarlo "se necesita la puesta en marcha de sólo tres
proyectos como (el yacimiento no convencional) Loma Campana" y que
este proyecto "motorizará mucho más de tres".
Respecto de los detalles del proyecto, destacó que "impulsa
inversiones para tener energía a precios competitivos e incrementa
las exigencias a los concesionarios en favor a los Estados
provinciales".
El ministro subrayó que la importancia del proyecto radica en
que "Argentina tiene un enorme potencial convencional pero
sobretodo no convencional y costa afuera" y que esto representa
123 años de consumo de petróleo.
Durante la reunión, el radical Ernesto Sanz salió al cruce de
los argumentos de los funcionarios e indicó que se está
"discutiendo esta ley con una macroeconomía que en lugar de atraer
inversores las espanta".
Su compañera de bloque Laura Montero consideró que "el
federalismo con esta ley no se va a mejorar" y cuestionó que "se
establece un mecanismo de prórrogas in eternum" para las
concesiones de explotación, debido que en algunos casos podrían
llegar hasta 35 años.
Por su parte, la peronista federal Liliana Negre de Alonso
preguntó "qué sentido tiene autorizar esta prórroga a estos
actores oligopólicos si han sido actores principales de este
fracaso", aunque no obtuvo respuesta y se quejó porque el Senado
no invitó al debate a las provincias no petroleras.
La rionegrina Magdalena Odarda, del bloque FAP-UNEN, anticipó
que esa bancada está "absolutamente en contra de este proyecto"
porque se trata de "las condiciones de la entrega de los recursos
naturales" y afirmó que "responde a las urgencias del sector
privado".
Quien se mantuvo en silencio durante la reunión (pese a ser un
actor importante para el debate) fue el neuquino Guillermo
Pereyra, a pesar de presidir la Comisión de Minería y encabezar el
Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La
Pampa.
En cambio, publicó un comunicado en el que anticipó que no
votará el proyecto "a libro cerrado" y exigirá que "quede
taxativamente establecido que la autoridad de aplicación en el
otorgamiento de las prórrogas sean las provincias".
