Así lo reportó el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) en un informe en el que opinó que la descentralización y el respeto por las autonomías locales es una tendencia global que bien instrumentada tiene "enormes ventajas", además de ajustarse a lo que manda la Constitución Nacional en el país.
Pero planteos de este tipo pierden credibilidad cuando provienen de una administración que ha basado su gestión en la "concentración y la arbitrariedad", dice el crítico informe sobre el reparto de recursos.
"Antes de pensar en trasladar la capital es necesario clarificar roles entre jurisdicciones nacional y provincial y sancionar un sistema coherente de coparticipación federal de impuestos", agrega.
La organización federal tiene sus bases en la descentralización de funciones y de recursos públicos.
La regla básica es que la Casa Rosada cumple los roles que comprenden al conjunto de la población y las jurisdicciones locales (las provincias y los municipios) tienen la mayor parte de las responsabilidades que involucran la atención a los ciudadanos dentro de sus límites geográficos.
Bajo esta lógica, la Constitución Nacional asigna a la Nación las relaciones internacionales, la defensa nacional, la justicia federal, la educación superior y ciencia y técnica, la seguridad social y la infraestructura interprovincial (energía, comunicaciones y transporte interurbano).
Las provincias y municipios son responsables de las funciones estatales más importantes desde el punto de vista social, tales como la educación básica, la salud pública, la infraestructura urbana, la promoción y la asistencia social, la seguridad y la justicia provincial.
Para un adecuado funcionamiento de esta organización es clave que los recursos públicos sean distribuidos de forma coherente con la asignación de roles entre jurisdicciones, pero los datos de la Secretaría de Hacienda muestran que eso no ocurre.
En el período 1994 2000, el 37,9 por ciento de los recursos públicos nacionales iban a las provincias, de los cuales 32 puntos porcentuales se dirigía por mecanismos automáticos y 5,9 mecanismos no automáticos.
En el período 2001 2009, el 36,7 por ciento de los recursos nacionales iba a las provincias, de los cuales 27,6 puntos eran automáticos y 9,1 puntos no automáticos.
En el período 2010 2014, el 35,8 por ciento de los recursos nacionales van a las provincias, de los cuales 26,7 puntos son automáticos y 9,1 no automáticos.
De estos datos oficiales se destacan tres hechos muy relevantes: en primer lugar, la "desproporcionada" cantidad de recursos que capta la Nación ya que apenas 1 de cada 3 pesos de la recaudación se distribuye a las provincias.
En segundo lugar, que esta desproporción no es reciente, aunque se ha profundizado en la última década; y en tercer lugar, que es cada vez más preponderante la porción de los recursos que se distribuyen a las provincias por mecanismos no automáticos, es decir, por "criterios arbitrarios".
Las provincias tienen la mayor parte de las responsabilidades pero no cuentan con los recursos, mientras que la Nación tiene los recursos pero no es responsable de los principales servicios sociales, señaló IDESA. (NA).-
