Nacionales Oficialismo avanzó en comisiones

La semana próxima se votará el proyecto de pago local de la deuda

El oficialismo avanzó con la iniciativa, a pesar de que la oposición manifestó su rechazo. El ministro de Economía y el secretario de Legal defendieron la iniciativa frente a senadores con fuertes cruces con la oposición y economistas.
El oficialismo avanzó en el Senado con el dictamen para el proyecto de cambio de jurisdicción de los bonos y la reapertura del canje de deuda, y se prepara para aprobarlo la semana próxima.
Pese al rechazo de bloques opositores, el oficialismo firmó el dictamen del proyecto tras el debate en el plenario de las
comisiones del que participaron el ministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; y la
procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
"Vamos a pagar el próximo vencimiento del 30 de septiembre.
Son 200 millones de dólares. Los tenemos. Queremos pagar y lo vamos a hacer, aunque no lo podamos hacer a través del Banco de
Nueva York", aseguró Kicillof en su defensa del proyecto.
El ministro justificó el envío de esta iniciativa por parte del Ejecutivo, que reemplaza al BoNY por un nuevo agente fiduciario
creado en el ámbito del Banco Central, que "se ocupe de cumplir un contrato".
Kicillof reclamó al Congreso la aprobación de la iniciativa al
señalar que "si no hace nada, lo que está haciendo es ratificar la
sentencia del juez Griesa y se convierte en un escribanía del
juzgado de Griesa", a quien acusó de "extorsionar" a la Argentina.
"Con un solo dólar que no se avenga a las condiciones del
canje, según la lógica de Griesa, el resto no puede cobrar. Eso no
tiene razón de ser, no tiene sentido. Es una extorsión que no
podemos aceptar", sostuvo el ministro.
El funcionario insistió en que los fondos buitre buscan
"impedir que le paguemos al 92,4% de los acreedores por un solo
título".
Por su parte, Zannini argumentó que el Gobierno está "tratando
de evitar volver al 2001", y remarcó que "esta no es una ley para
evadir obligaciones, sino cumplirlas" y agregó: "El proyecto busca
crear un camino sin agredir el contrato que tenemos con los
tenedores".
Además, ratificó que "el cumplimiento del fallo del juez Griesa
es imposible" porque avala el reclamo de los fondos buitre de
cobrar 13.000 millones de dólares en efectivo más intereses, lo
que haría que el país entre en cesación de pagos, y subrayó que
por eso "se busca evitar caer en default y renegociar la deuda con
el 100 por ciento de los tenedores".
Durante el debate, el jefe del bloque de la UCR, Gerardo
Morales, indicó que su bancada "no está de acuerdo" con el
proyecto de Ley de Pago Soberano porque "el Poder Ejecutivo ya
tiene las facultades" para reabrir el canje y cambiar la
jurisdicción de los bonos pero quiere hacer al Congreso
"copartícipe del fracaso de la negociación".
Sin embargo, Zannini le respondió que "la creación de la cuenta
especial" en el Banco Central para pagarle a los bonistas del
canje "no" está entre las facultades del Ejecutivo, mientras que
Kicillof aseguró que "no se puede hacer el cambio de banco sin que
lo convalide el Parlamento".
"Yo no tengo atribuciones para cambiar de fideicomiso", señaló
el ministro de Economía, quien le reprochó a Morales que hablara
de "fracaso" y le espetó: "Fracasó lo que usted leyó acá, porque
yo no tengo facultades para eso".
Por su parte, el senador del Peronismo Federal Adolfo Rodríguez
Saá cuestionó el pago de la deuda al asegurar que ésta es "el
monumento más grande a la corrupción y la usura internacional".
"Este Gobierno prorrogó la jurisdicción en Griesa y ahora
tenemos que pagar los platos rotos. ¿Por qué no nos devuelven la
facultad? Formemos una comisión bicameral que se haga cargo de
arreglar la deuda interior y exterior de la Argentina", señaló.
En tanto, Fernando "Pino" Solanas, del bloque FAP-UNEN, se
pronunció en un sentido similar al de Rodríguez Saá y señaló que
el país ya pagó "casi 400 mil millones de servicios de deuda
desde la dictadura al presente".
"Qué es esto sino un fracaso", se quejó Solanas, quien defiende
la postura de revisar la totalidad de la deuda externa porque la
parte contraída por la última dictadura militar es "ilegal".
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