La medida fue dispuesta por el gobernador de la Provincia de
Buenos Aires, Daniel Scioli, quien también instruyó al Ministerio
de Justicia para que además se realice una profunda investigación
en la Unidad Penal 41 de Campana para determinar responsabilidades
sobre la denuncia por irregularidades en el manejo de donaciones
y luego tomar decisiones.
El secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro; el
subsecretario de Justicia, César Albarracín, y la titular del
Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini, concurrieron este
lunes a la fundación para empezar a coordinar acciones de trabajo
y que "los chicos no se vean perjudicados".
"La intervención es una decisión política a partir de este
momento. Si se denuncia una situación de desvío de fondos estamos
en el lugar para mejorarla más allá de que la Provincia no tenga
convenio con esta institución", dijo Navarro.
El funcionario explicó que "para la secretaría de Niñez todos
los hogares deben estar con convenios con la Provincia".
Además, aclaró: "Este lugar no tenía chicos para nosotros",
lo que pone en evidencia la situación irregular del lugar.
"Buscaremos la forma de acompañarlos con las firmas de
convenios que posibiliten que sigan funcionando y con los chicos
cada vez mejor", agregó.
Tras recorrer las instalaciones informó que "unos 40 chicos
son los que duermen" en el lugar y que es un predio que afecta a
unos tres mil chicos.
En tanto, la titular del Servicio Penitenciario informó que ya
se inició "una investigación en el marco de las denuncias que son
de público conocimiento".
"Tuvimos una entrevista con el jefe del penal de Campana y se
tomarán las decisiones administrativas que correspondan. Quiero
aclarar que la unidad 41 es de máxima seguridad y Grassi estaba en
una celda común bajo supervisión del personal
penitenciario y que se realizará un sumario administrativo para
investigar la situación", precisó.
Por su parte, el director de Hogares de la fundación Felices
los Niños y denunciante de desvío de donaciones en beneficio de
Grassi, Juan Manuel Casolati, aseguró este lunes que fue convocado
por el cura por haber trabajado en hogares con chicos y que de a
poco se fue dando cuenta de los que pasaba en el lugar.
"Yo no tengo ningún grado de responsabilidad. Gracias a mi
denuncia se conoció todo esto", indicó.
Además, consideró que "el estado se tendría que haber
involucrado cuando Grassi fue condenado".
"Todos sabían que Grassi manejaba la fundación y miraron para
otro lado", afirmó.
En la noche de este domingo, agentes de la Policía bonaerense
allanaron la casa del cura, en la localidad de Hurlingham.
Grassi fue condenado en 2009 por un Tribunal Oral de Morón a la
pena de 15 años, pero permaneció en libertad hasta octubre pasado
cuando perdió el beneficio de la libertad vigilada de la que gozaba.
El cura está condenado por "abuso sexual agravado por resultar
sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor
víctima, reiterado, dos hechos, en concurso real entre sí, que a
su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada".
A Grassi se lo acusó de haber cometido el abuso mientras estaba
a cargo de la Fundación Felices los Niños, y la denuncia original
surgió a raíz de una investigación periodística.
Si bien pesaban en su contra más de una decena de denuncias,
sólo tres casos llegaron a juicio y por uno de ellos el sacerdote
fue condenado.
