En declaraciones periodísticas, el fiscal insistió en que buscará "recuperar" a sus colaboradores para trabajar "en las mismas condiciones" en las que había dejado el organismo.
Campagnoli consideró que no debería realizarse un nuevo jury de enjuiciamiento en su contra, como ya indicaron las autoridades del tribunal que intentó juzgarlo.
Y señaló que "asociaciones de magistrados y de fiscales se pronunciaron desde el principio en términos muy duros respecto del juicio político" en su contra.
"Es un paso muy importante. Voy a ver con qué me encuentro", señaló Campagnoli, tras mostrarse "contento" con su reincorporación.
Campagnoli insistió en la necesidad de reincorporar a sus principales colaboradores y explicó: "si no tengo un secretario adecuado el servicio público va a ser de baja calidad".
Uno de los funcionarios desplazados es uno de los principales secretarios del fiscal durante 21 años, Ignacio Rodríguez Varela, que fue trasladado a la Fiscalía 16 ante los Tribunales Orales en lo Criminal.
Además, Campagnoli busca la reincorporación de los secretarios de primera instancia Romina del Buono y Manuel Espinal; el prosecretario Andrés Galarte y el oficial Andrés Rimoldi.
La fiscal que suplió a Campagnoli, Cristina Caamaño, justificó los traslados al señalar que sufrió malos tratos por parte de los colaboradores del fiscal, suspendido en el marco del jury en su contra por su intervención en el caso por lavado de dinero que involucra al empresario Lázaro Báez cuando no tenía competencia para hacerlo.
El jueves pasado, el tribunal de enjuiciamiento resolvió hoy levantar la suspensión del fiscal Campagnoli que, en consecuencia, fue repuesto en su cargo, en tanto que se realizará un nuevo jury en su contra.
La titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, impulsó el juicio político contra Campagnoli, acusado de mal desempeño en sus funciones por haber intervenido sin competencia para hacerlo- en la causa sobre lavado de dinero en la que está involucrado el empresario Lázaro Báez, a quien se le atribuye un enriquecimiento injustificado gracias a sobreprecios de obra pública en la Patagonia.
