A pesar de que el PRO había apoyado el pedido de la presidenta Cristina Kirchner para sancionar "una norma de respeto y convivencia urbana", lanzó ahora duros cuestionamientos a la propuesta de los diputados oficialista Kunkel y Juan Pedrini, y pidió cambios.
"Celebramos que ahora el kirchnerismo quiera limitar los piquetes, pero queremos que no sea por simple oportunismo político, que no haya reglas lo suficientemente claras y que no hagan que, por ejemplo, unos puedan cortar y otros no", sostuvo la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal.
También el jefe del bloque de Diputados del PRO, Federico Pinedo, señaló en declaraciones radiales que al proyecto "no lo pensaron más de tres minutos" y reclamó "laburar un poquito más" para desarrollar una iniciativa "con más detalles y más claridad".
"La Policía puede actuar hoy y para eso no hace falta que digan nada. Hay que definir qué es legítimo y qué es ilegitimo. Hay que laburar un poquito más, y hacer una ley con más detalles y más claridad", enfatizó Pinedo, y agregó que el PRO "siempre" estuvo "en contra de los piquetes".
Por el Frente Renovador, el diputado Darío Giustozzi sostuvo que la iniciativa del oficialismo "llegó tarde" y destacó su propia propuesta, que reconoce el derecho de peticionar, pero en espacios públicos determinados y dotados de recursos para que la protesta pueda ser difundida a la opinión pública, mientras que, en caso contrario, dispone de sanciones, "traducidas en multas y trabajos comunitarios".
"Hace años que digo que hay que terminar con los piquetes y en su momento recibí por eso duras críticas del Gobierno. Cuántas ambulancias llegaron tarde, cuántos trabajadores perdieron el presentismo, cuántas horas de su vida perdieron los ciudadanos por quedar entrampados sin salidas en algún corte, es un disparate seguir así", apuntó Giustozzi.
Por la UCR, en tanto, el diputado Miguel Bazze advirtió que, de aprobarse esta iniciativa, "serian penalizados los vecinos que debieron reclamar por los cortes de energía eléctrica" o "todas las protestas vinculadas a la inseguridad de manera espontánea".
"Con la excusa de terminar con algunas exageraciones por piquetes de grupos reducidos, el Gobierno busca limitar las manifestaciones en un contexto de ajuste económico y falta de seguridad", denunció.
También la diputada nacional del Frente Social por la Inclusión Social (FIS) Ramona Pucheta, exreferente del movimiento piquetero, tomó distancia del proyecto oficial y presentó una iniciativa para que las dependencias del Estado y las empresas de servicios públicos "amplíen los espacios de atención al público" para que los manifestantes puedan presentar en ese lugar su reclamo o petitorio.
La exintegrante del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) planteó que "las personas o agrupaciones que llegan a la situación de cortar una calle lo hacen por las semanas, meses o años en que no han sido escuchadas", por lo que propuso crear un registro nacional donde figuren los reclamos presentados por los manifestantes.
Su par Victoria Donda (Libres del Sur) también sostuvo que el proyecto es "autoritario", ya que "sólo apunta a controlar aquellas voces que no le gustan, una línea que no debemos permitir que se cruce".
"Uno puede estar de acuerdo o no con la protesta pero, si la limitamos, tarde o temprano terminaremos siendo rehenes de quienes ocasionalmente estén en el poder ¿El Gobierno decidirá qué protesta permite y cual no? ¿Permitirán que los vecinos se organicen por las redes sociales para que exista un nuevo 18N?", se preguntó Donda.
Y el dirigente del Partido Obrero Jorge Altamira consideró como un "despropósito" la propuesta y dijo que "un Gobierno que aplica un ajuste, un Gobierno que baja los niveles del salario, adopta una medida política para impedir que la gente proteste".
Pero también hubo voces críticas en el oficialismo: el dirigente Luis D Elía se mostró a favor de que exista "un protocolo sobre los pasos" a tomar "en un conflicto", pero señaló que "una cosa es que cien tipos corten la Panamericana impidiendo que un millón pasen y otra cosa son las protestas sociales", por lo que pidió "debate" sobre el tema.
"Cincuenta tipos no pueden cortarle el paso a un millón de personas", advirtió D Elía, quien señaló que el oficialismo tendría que haber "llamado a organizaciones sociales" para debatir este proyecto antes de presentarlo en la Cámara de Diputados.
En declaraciones a Radio América, el dirigente oficialista dijo que el proyecto del oficialismo en principio suena "feo" y agregó: "A esto le falta debate, parece algo contradictoria esta ley".
"Tendrían que habernos preguntado qué pensamos del tema. Una cosa es que cien tipos corten la Panamericana impidiendo que un millón pasen y otra cosa son las protestas sociales", subrayó.
Además, sostuvo que "para procesar el conflicto hay que agotar primero la vía administrativa y la política", al tiempo que recordó: "Los piquetes están prohibidos por el Código Penal y tuve treinta y una causas".
Sin embargo, Kunkel afirmó que con la iniciativa que presentó junto a otros legisladores del Frente para la Victoria "el derecho a la protesta está garantizado", ya que sólo "establece medidas persuasivas y no limita el derecho a la legítima protesta de parte de los ciudadanos".
"El proyecto que presentamos no contempla penas específicas más allá de las que fija el Código Penal. Se trata de un conjunto de normas persuasivas en vez de represivas. El derecho a la protesta está garantizado", afirmó Kunkel. (NA)
