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Brasil: Condenan a Lula a nueve años y seis meses de prisión por corrupción

Se convierte en el primer presidente de la historia del Brasil en recibir una condena en la causa que investiga irregularidades con la petrolera Petrobras. Lo dispuso el juez Sergio Moro por recibir sobornos.
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a 9 años y medio de prisión por lavado de dinero y delitos de corrupción en la causa que investiga irregularidades con la petrolera Petrobras. El juez del caso Sergio Moro había dicho que "hay suficiente evidencia" para investigar al exmandatario. Los fiscales sostuvieron que Lula era el "comandante máximo" del escándalo de sobornos que sacudió Brasil en el caso conocido como Lava Jato.

Moro determinó que el exmandatario cobró sobornos de la empresa constructora OAS, una de las más grandes del país. Entre las ventajas recibidas por Lula figuran además un lujoso apartamento tríplex de 215 metros cuadrados en un complejo nuevo en Guarujá, en el litoral del estado de San Pablo. Durante el proceso, el exjefe de Estado brasileño negó que esa casa sea de su propiedad.
Primer presidente condenado
Sin embargo, el juez anticorrupción estimó que a cambio de estos "favores", el líder del Partido de los Trabajadores (PT), habría facilitado contratos millonarios a esa compañía con Petrobras. La justicia brasileña consideró que Lula actuó como "jefe" del esquema de corrupción que salpicó a su gobierno y al de su sucesora Dilma Rousseff durante más de una década.

Con esta condena, Lula se convierte en el primer presidente brasileño condenado de la historia. Gobernó durante dos períodos, desde 2003 hasta 2011.
Se trata de una condena en primera instancia, que, de ser confirmada por la Cámara, podrían impedir la candidatura de Lula para las próximas elecciones.
El Petrolao y la "sobornocracia"
La Fiscalía de Brasil acusó a Lula de ser el "comandante máximo" de la red de corrupción que desvió miles de millones de dólares de la petrolera estatal Petrobras. El jefe de los fiscales que investiga el caso, Deltan Dallagnol, explicó que las empresas sobrefacturaban las obras y el excedente generado era luego distribuido entre los partidos políticos como el PT y el PMDB para financiar sus campañas y entre los participantes para su enriquecimiento personal.

Dallagnol definió como "sobornocracia" este sistema de desvío de fondos diseñado, según dijo, con el objetivo de "perpetuarse criminalmente en el poder, enriquecerse ilícitamente y corromper la gobernabilidad".

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