"Tengo total confianza en nuestra preparación para la seguridad de los Juegos", dijo Rodrigues a periodistas a casi un mes del inicio de las competiciones (5-21 de agosto), en el que describió como el "mayor evento del planeta".
La criminalidad en las calles ha subido en Rio, donde una severa crisis financiera en el gobierno regional ha afectado a los servicios de emergencia y ha llevado a policías a protestar en las calles porque no tienen combustible o papel higiénico para trabajar.
En todo caso, durante los Juegos Olímpicos se espera que 47.000 agentes y 38.000 militares estén en las calles para garantizar la seguridad. Es el doble de lo desplegado para Londres-2012.
Rodrigues desestimó los temores sobre un ataque terrorista en Rio, después de los sangrientos y poco tecnológicos asaltos en Francia, Bélgica y Turquía, donde esta semana un triple atentado suicida en el aeropuerto internacional de Estambul dejó al menos 41 muertos 239 heridos, según el último balance.
"Brasil está adoptando las mejores prácticas internacionales para garantizar la seguridad en grandes eventos y específicamente en el caso de un ataque terrorista, hemos adoptado todas las prácticas posibles", explicó.
"No vamos a alterar nuestros planes, estaremos más vigilantes", añadió.
La cooperación internacional en inteligencia será clave para detener el terrorismo, dijo, y Brasil dispuso de un centro de coordinación con 250 oficiales de 55 países para intercambiar información.
"Es la mayor operación de cooperación policial, no sólo para Brasil sino para Interpol", añadió.
Un grupo aparte y exclusivo para combatir terrorismo fue conformado con oficiales de siete países: los vecinos Argentina y Paraguay, junto a Bélgica, Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos.
"Es la primera vez que hay este tipo de capacidad para la seguridad de los Juegos Olímpicos", resaltó.
Rodrigues indicó, además, que se verificaron los antecedentes de 394.000 personas hasta ahora, de las cuales un 1,8% fueron impedidas de acudir a los Juegos. En total, se espera realizar controles de antecedentes en 600.000 personas.
