modificado en el Senado, que cambia las bases del sistema
educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet
(1973-1990), que era profundamente segregacionista y ofrecía
calidad en función de las condiciones socioeconómicas de las
familias chilenas.
"Se acabó un sistema educativo impuesto en dictadura y a
espaldas del pueblo", dijo tras la aprobación el ministro de
Educación, Nicolás Eyzaguirre.
A partir de marzo de 2016, el pago de familias a escuelas
subvencionadas -donde acude más del 50% de los alumnos chilenos-
se eliminará de forma gradual hasta alcanzar la gratuidad, a
medida que aumente la subvención del Estado.
Los alumnos optarán a las escuelas -públicas y subvencionadas-
por sorteo, y no podrán rendir exámenes previos ni presentar
antecedentes socioeconómicos. El objetivo es que no sean
discriminados ni perpetuar la segregación.
Pese a que los diputados aprobaron que este criterio fuera
aplicado también en la educación privada, el Senado lo eliminó.
Los únicos establecimientos públicos que podrán seleccionar un
30% de su matrícula serán los tradicionales liceos de excelencia,
de alta exigencia académica, los más reputados de la enseñanza
estatal chilena.
Sin embargo, una de las indicaciones más polémicas aprobada es
la que permite entrevistar de forma voluntaria a los padres de
futuros alumnos en escuelas subvencionadas, medida que algunos
equiparan a la selección.
- Escuelas sin fines de lucro -
Para garantizar el fin de las ganancias de capital por parte de
los dueños de colegios subvencionados, éstos deberán convertirse
antes de 2017 en corporaciones sin fines de lucro.
Contarán con un periodo de transición en el que deberán comprar
las instalaciones de los colegios o arrendarlos a terceros que no
estén relacionados con la corporación, para evitar mecanismos que
generen beneficios. Si lucran, serán sancionados con multas, y no
con penas de cárcel, como había pedido el movimiento estudiantil.
"Con esta aprobación, cambiamos las bases de un sistema
injusto", celebró Mario Venegas, presidente de la comisión de
Educación de la Cámara de Diputados.
La ley no contó con los votos de los principales partidos de
derecha. "Esta reforma no tiene futuro, y usaremos todas las
herramientas de la democracia para deshacerla", criticó el
parlamentario de la ultraderechista UDI, Jaime Bellolio.
La reforma educativa es uno de los ejes principales del segundo
mandato de la presidenta Michelle Bachelet, quien se comprometió a
que este proyecto de ley fuera despachado antes de fin de enero.
Para agilizar su tramitación, se fusionaron las comisiones de
Hacienda y Educación del Senado, donde se introdujeron 400
modificaciones al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados.
La reforma educativa, que ha despertado críticas y recelos de
parte de todos los actores de la educación, continuará con
proyectos de ley para instalar la gratuidad de los estudios
universitarios, mejorar la calidad de la educación pública e
infantil, así como la carrera docente.
AFP-NA
