El alto tribunal formuló un pedido de informes al Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte, sobre las posibilidades de recuperación del paciente, a raíz de un pedido de las hermanas para que se le retire el repirador artificial con el que se lo asiste.
"La ley de muerte digna" fue sancionada en 2012, y "recepta el derecho del paciente a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos".
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, había respaldado en abril de este año el pedido de los familiares, y ahora deberá ser la Corte quien resuelva en base a los informes de los forenses.
Gils Carbo había señalado en aquella oportunidad en su dictamen que "el retiro, cese y abstención de todas las medidas de soporte vital que lo mantienen con vida en forma artificial pertenece a su zona de reserva, garantizada por el derecho a la autonomía personal".
En su pedido a los miembros del Cuerpo Médico Forense, la Corte encargó un informe "acerca de las posibilidades de reversibilidad que podría presentar el cuadro que actualmente presenta el paciente en caso de que se restableciera el tratamiento kinésico, se le efectuara estimulación
multisensorial integral y se le suministrase medicación destinada a estimular las células nerviosas".
Asimismo, solicitaron establecer "si se encuentran disponibles medidas y acciones para el adecuado control y alivio del eventual sufrimiento del paciente en caso de disponerse la supresión de la hidratación y la alimentación por vía enteral", para saber si sufriría algún padecimiento en caso de desconectarse el aparato con que se lo asiste.
El paciente, cuyo identidad no fue revelada, quedó en estado vegetativo irreversible como consecuencia de un accidente de tránsito en 1994, y se encuentra internado en una institución provincial desde hace 11 años. (NA).-
