A diferencia de lo que ocurrió en noviembre de 2008, el debate en el ámbito del Consejo de la Universidad Nacional de Entre Ríos fue más profuso y se escucharon mayor cantidad de opiniones en contra de la aceptación de los fondos derivados de la Ley N° 14.771 de 1958, rechazo que se fundamenta especialmente en el origen de los fondos, en las consecuencias socio-ambientales derivadas de la minería, en lo que significa la entrega del patrimonio nacional, y en que los recursos no se incorporan de manera genuina al presupuesto universitario.
Las expresiones de rechazo de la comunidad educativa universitaria con esta medida ha ido creciendo con el paso de los meses. Y dio origen, por ejemplo, a una nota presentada por la consejera Susana Cazzaniga de la Facultad de Trabajo Social en la que se requería que el Consejo no acepte los recursos mencionados.
Sin embargo, la decisión de la mayoría del cuerpo fue similar a la adoptada en noviembre de 2008, ocasión en la cual el Consejo aceptó los fondos, aunque reservándose el derecho de emitir un documento.
Ahora, el debate sobre el uso o no de estos fondos de la minería para el financiamiento universitario seguirá en cada consejo directivo, órgano de cada Facultad.
En mayo, el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió distribuir, y en consecuencia aceptar, 36,8 millones de pesos provenientes de las utilidades de los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, para ser repartidos entre las universidades del Estado que componen el Consejo.
Con la Ley N°14.771 de 1958, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación aprobaron la creación de yacimientos, en Tucumán y Catamarca.
Se fijó que las utilidades se distribuirán en un 50% para la universidad de Tucumán y el otro 50% para las restantes universidades del Estado. Recién medio siglo después, en 2008, arrojó utilidades.
