Así lo estableció el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, a través de la Resolución 170-E/2017 publicada este martes en el Boletín Oficial.
La determinación de emergencia o desastre, según corresponda, fue motivada por los excesos hídricos ocurridos entre los meses de abril y mayo de 2017, que afectaron a las actividades agrícolas, ganaderas, hortícolas, apícolas y a la agricultura familiar.
Los departamentos afectados son San Fernando, Tapenagá, Libertad, General Donovan, 1º de Mayo, Presidencia de la Plaza, 25 de Mayo, Sargento Cabral, Bermejo y Libertador General San Martín, según la Resolución.
La medida tendrá una vigencia de 180 días, contado a partir del 15 de mayo de 2017.
A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos por la norma.
El Gobierno Provincial remitirá entonces a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por autoridad competente de cada provincia.
Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la AFIP arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 26.509.
Esos artículos prevén la asistencia financiera especial para productores damnificados: renovaciones ha pedido de los interesados de las obligaciones pendientes u otorgamiento de créditos que permitan lograr la continuidad de las explotaciones, entre otros.
