Economía Sin recurso extraordinario

La discusión por la suba de la tarifa eléctrica no podrá seguir en la Justicia

La Justicia cerró el camino de la discusión en torno al aumento de la tarifa eléctrica dispuesto por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) a comienzos de año y que supuso un incremento del 137%.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) -conformada por los jueces Carlos Chaira Díaz, Susana Medina de Rizzo y Juan Ramón Smaldone-consideró "inadmisible" el planteo de la firma Pisos Gerardo Mizawak SA que, luego de un primer fallo adverso del máximo tribunal, pretendió acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se trata del primer rechazo a un recurso extraordinario para llegar a la Corte a partir de la discusión judicial del aumento de la luz que se produjo en Entre Ríos durante el invierno último. La sentencia, emitida este lunes, se dio en el marco de la causa "Pisos Gerardo Mizawak SA c/Energía Entre Ríos SA (Enersa) y Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) s/Acción de amparo".

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, apuntó que "es el primer caso en el que rechazan el recurso extraordinario. Con esto se cierre el capítulo de los amparos sobre tarifas" del servicio eléctrico en la provincia.

El descongelamiento de la tarifa eléctrica -que rigió en 2014 y 2015-produjo, a comienzos de 2016, lo esperado: airadas protesta y una batalla judicial contra las subas dispuestas por el Ente Regulador. La suba sobrevino luego de dos años de congelamiento tarifario.

Un acuerdo firmado por la Provincia con la Nación derivó en un congelamiento de las tarifas, estado que se mantuvo hasta diciembre último.

El fin de ese acuerdo operó en diciembre, y en el verano de 2016 empezaron a aplicarse las primeras subas.

En Entre Ríos, estaba pendiente un incremento del 19,8%, aprobado en audiencia pública de enero de 2014 en Villaguay. Pero no fue el único incremento.

Como los nuevos contratos de concesión incluyen una cláusula de actualización inflacionaria, al poner en vigencia el aumento aprobado en 2014 en Villaguay, el EPRE debió aplicar una suba del 80%. Pero eligió morigerar esa índice. En vez de eso, sólo habilitó una suba del 19,8%. Pero a eso agregó un incremento menor por actualización inflacionaria, del 37%, que cobró vigencia a través de la resolución 150/15.

También agregó dos aumentos más, aprobados por la resolución Nº 12/16: del 37% producto de la variación del valor agregado de distribución (VAD) y del 57% por la suba de precios mayoristas en el mercado eléctrico. De ese modo, comparando la tarifa vigente en diciembre de 2015 y la que empezó a regir en febrero último, la suba general fue del 137%.

Cuando las facturas empezaron a llegar a los usuarios, se abrió la batalla judicial por los aumentos. Un primer fallo judicial anuló ese tarifazo.
En junio, la Justicia concluyó que ese aumento violó la legislación al haber pasado por alto la convocatoria a audiencia pública. El primer casó alcanzó a la Cooperativa Eléctrica Quebracho, de Viale y fue planteado por la firma Bioder SA. No fue el único.

En Entre Ríos, se presentaron 16 recursos judiciales contra la suba de la tarifa eléctrica, y todos atacaban un punto: la falta de audiencia pública.

Ese punto, sin embargo, fue resuelto por el EPRE con la convocatoria a audiencia pública el 6 de julio, en Villaguay, instancia en la que el organismo explicó qué metodología se aplicó para actualizar el cuadro tarifario del servicio eléctrico.

Esa convocatoria se hizo aplicando el artículo 51º de la Constitución de Entre Ríos, todavía no reglamentado.

El artículo 51º de la Constitución dice, textualmente: "La Legislatura, el Poder Ejecutivo y los municipios pueden convocar a audiencia pública, y los habitantes solicitarla, para debatir asuntos concernientes al interés general. La audiencia será consultiva y no vinculante. La autoridad deberá explicitar los fundamentos del acto bajo pena de nulidad, indicando de qué manera ha considerado las opiniones de la ciudadanía".

Luego, el 31 de agosto último, se realizó una segunda audiencia, para la revisión quinquenal de la tarifa, en la que los distribuidores pidieron una suba promedio del 20%, que todavía no ha sido resuelto por el EPRE.

Dos sentencias resultan clave en la discusión judicial de la tarifa eléctrica, las que firmaron los camaristas Marcelo Baridón y Gisela Schumacher, que reprocharon falta de "transparencia" del Ente Regulador y lo obligan a convocar a audiencia pública para conseguir la validez del tarifazo.

Pero aunque en primera instancia varios planteos encontraron acogida favorable, cuando llegaron al STJ fueron anulados uno a uno.
En Entre Ríos se presentaron 15 amparos, de los cuales tres fueron rechazados en primera instancia: de la Defensoría del Pueblo de Paraná, de la empresa Raitor SA, y del Club Sportivo Urquiza.

En el resto, que tenían fallos favorables en primera instancia, un tribunal de feria resolvió confirmar la postura del Gobierno, dijeron que no fue necesario convocar a audiencias públicas por cuanto fue un aumento dispuesto por la Nación, que los amparos fueron extemporáneos y que además no era la vía adecuada para reclamar.

Ahora, esa discusión se cierra en una instancia superior: la denegatoria del camino de la Corte.

Sin resolver
La presentación hecha por la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) contra las resoluciones dictadas por el Ente Regulador de la Energía que, a comienzos de año, derivaron en un incremento de la tarifa eléctrica del orden del 137%, todavía no ha sido resuelta en la Justicia.

Adecen fue primero con una impugnación administrativa ante el Ente Regulador, con una medida cautelar, que fue rechazada por el organismo de control.

Así fue como en agosto último, Adecen presentó la misma medida cautelar pero en sede judicial. Pide, primero, que se suspenda la aplicación del aumento tarifario, y que después se obligue al Ente Regulador a convocar a audiencia pública, tal como ordena la legislación vigente, antes de aplicar modificaciones tarifarias.

El trámite llegó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná que integran Hugo González Elías, Gisela Schumacher y Marcelo Baridón. La pretensión de la entidad que nuclea a los consumidores es que se suspendan los incrementos tarifarios que rigen desde principios de año, con efecto retroactivo y con alcance general, es decir, para todos los usuarios residenciales.

La causa está caratulada "Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) s/Medida Cautelar, y se tramita ante la Sala N° 1 de la Cámara en lo Contencioso Adminsitrativo. El trámite judicial cuenta con el patrocinio del abogado Raúl Omar Muñoz. Pero resta todavía un pronunciamiento del tribunal.
Fuente: El Diario
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