Así, se recortaría el stock de juicios y se evitarían futuras demandas. Además del pago de las sentencias (algo que ya se está haciendo y para lo cual la Anses debe cumplir con un plazo legal de 120 días hábiles desde el fallo judicial), se ajustarían los ingresos de quienes tienen en trámite una demanda judicial (si se comprometen a retirarla) e incluso los de quienes no reclamaron en la Justicia, pero cobran por debajo de lo que les correspondería.
Pero además, hay un punto en que el proyecto incidiría en los ingresos jubilatorios futuros de personas que todavía no se retiraron de la vida activa. Uno de los aspectos conflictivos (entre los que llevaron a hacer miles de juicios en la década pasada) es la actualización que se le debe aplicar al valor nominal histórico de los salarios de los últimos 10 años trabajados, que son parte de la fórmula de cálculo de la jubilación.
La iniciativa que el Gobierno presentará mañana propone que, por el período de 1995 a febrero de 2009 (el mes previo a la vigencia del actual régimen de movilidad jubilatoria), esa actualización se haga según el índice salarial Ripte, que elabora el Ministerio de Trabajo en base a un grupo de remuneraciones declaradas por los empleadores.
Eso llevaría a un recálculo de los ingresos de quienes se jubilaron en los últimos tiempos, pero también tendría influencia para quienes se jubilen próximamente, ya que los salarios de esos años aún inciden en el cálculo de las jubilaciones. A partir de marzo de 2009, para ajustar esos montos (fuertemente afectados por los efectos de la inflación) se utiliza un coeficiente que sigue el índice de movilidad, con el que se recomponen todas las jubilaciones a cargo de la Anses dos veces por año, en los meses de marzo y septiembre. Como esos ajustes siguieron de cerca (y en algunos casos superaron) las subas de salarios de los últimos años, se considera que ese mecanismo permite que no se deterioren los valores considerados en el cálculo de la jubilación. Y entonces, se evita el efecto de una subestimación del haber mensual. Sin embargo, eso no ocurrió en los años previos (al menos, no en todos). Y eso es lo que ahora se busca corregir.
En rigor, la actualización de los salarios para el cálculo del haber es una de las cuestiones que se debatió en la Justicia y sobre la que se expidió la Corte, concretamente en el caso Elliff. El otro fallo del cual ahora el Gobierno prevé extender los efectos a todos los jubilados que por sus condiciones resulten alcanzados es el de Badaro: en respuesta a ese reclamo, los jueces supremos dispusieron que entre 2002 y 2006 los haberes previsionales debieron haber aumentado no menos que la evolución de un índice salarial, que en ese período había crecido poco más de un 88 por ciento.
El proyecto oficial contempla pagar los retroactivos en cuotas, que en principio serían trimestrales y con un plazo de dos años. Pero además, el plan establecería pagos por etapas dando prioridad a las personas de mayor edad y/o con enfermedades graves.
La idea del Gobierno es financiar todo el plan con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional. En principio, los funcionarios de la Anses evalúan aplicar a ese fin las utilidades líquidas que dan las inversiones del fondo, pero no se descarta, en caso de que sea necesario, vender acciones que tiene en cartera.
