Así lo señaló el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Argentina (CECHA) Carlos Gold, quien recientemente asumió ese cargo.
En diálogo con NA, Gold explicó que "a partir de 2005, los costos operativos, en particular los salarios, comenzaron a incrementarse en forma significativa. Por otra parte el precio de los combustibles se mantuvo congelado durante varios años. Por tratarse de una actividad que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, la incidencia del costo laboral es muy importante,
a punto tal que puede tornar inviable en negocio".
"Desde marzo de 2005 a marzo de 2015 los salarios subieron más de 1.900 por ciento, en tanto que los combustibles aumentaron alrededor de un 600 por ciento. Esto originó un desfasaje entre ingresos y egresos que llevó a muchas pequeñas empresas a la imposibilidad de seguir operando", añadió.
El dirigente comentó que "otras actividades también experimentaron incrementos salariales similares, pero la diferencia radica en que mientras esas actividades tienen la posibilidad de adecuar su margen en función de sus costos operativos y las condiciones del mercado, en el caso de las estaciones de servicio el margen es fijado en forma directa o indirecta por las empresas petroleras, dependiendo del sistema de comercialización utilizado".
"A eso hay que sumarle las erogaciones impositivas de todo tipo (por ejemplo en la operación de compraventa se tributa Ingresos Brutos sobre la base del importe neto más el impuesto interno -impuesto sobre impuesto- y los márgenes de comercialización escasos, que ha erosionado paulatina y constantemente la economía del sector, incrementando el punto de equilibrio hasta llegar hoy prácticamente a los 350.000 litros, o sea un 75% más que años atrás", advirtió.
De acuerdo con un informe elaborado por CECHA, en los últimos 15 años se ha dado en el país una situación paradojal: mientras las políticas basadas en el consumo interno motivaron el crecimiento exponencial del parque automotor en el país, pasando de 10.147.931 millones de unidades en 2000 a 13.580.831 millones en 2015, el acceso al expendio de combustibles se volvió cada vez más limitado por el cierre continuo de estaciones de servicio.
La entidad recordó que en 1999 funcionaban 6366 estaciones de servicio en todo el país y en la actualidad, esa cifra descendió a 4429.
La escalada de cierres se puede visualizar en forma más nítida si se analiza el impacto por provincia, donde las más afectadas son las más grandes, donde hay mayor parque automotor y por ende, mayor demanda de combustibles, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, de acuerdo con el informe de CECHA.
Para Gold, la manera de revertir la situación actual del sector "es mediante la sanción de una norma legal que regule la actividad. Hoy existe un vacío legal que en definitiva permite que las empresas petroleras manejen el negocio de acuerdo a sus propios intereses, utilizando el margen del estacionero como variable para competir en el mercado".
A su criterio, "debería, por un lado, limitarse la participación de las empresas petroleras en la venta minorista y por otro prohibir que puedan fijar en forma unilateral condiciones comerciales, particularmente el precio de venta al público".
Por otra parte, el titular de CECHA elogió la política de precios que aplica el Gobierno en el mercado de combustibles: dijo que a partir de la reestatización de YPF, la Casa Rosada "ha recompuesto implementado una política de recomposición del precio de los combustible que entendemos es correcta toda vez que favorece las inversiones".
"Sucede que durante mucho tiempo los precios se mantuvieron congelados, lo cual desalentó la inversión y provocó desabastecimiento, además de generar una gran asimetría de precios con los países vecinos", evaluó.
No obstante, sostuvo que si bien los precios "reflejan las condiciones del mercado, eso resulta insuficiente para resolver los problemas del sector. El estacionero, de la misma forma en que los hacen las empresas petroleras, debería tener la posibilidad de adecuar su margen en función de sus propios costos operativos y las condiciones del mercado".
Gold confió en que con el próximo Gobierno "se trate y eventualmente se apruebe el proyecto de ley de comercialización que hemos presentado oportunamente". Ese proyecto apunta a:
-- Evitar que las estaciones de servicio deban competir con sus propios proveedores y en condiciones claramente desigual.
-- Fomentar que las empresas petroleras vuelquen sus recursos a la producción de combustibles, que requiere importantes inversiones, dejando la comercialización a pequeñas y medianas empresas.
-- Impedir que las empresas petroleras puedan fijar el precio, margen de ganancia o cualquier otra condición de comercialización, limitando el manejo de las variables del negocio por parte de los comercializadores.
-- Establecer condiciones mínimas de contratación, evitandoabuso por parte de las empresas petroleras. Fuente: (NA).-
