La nota, firmada por directivos no sólo de prepagas sino también de clínicas, centros de diagnóstico y farmacias, fue recibida el martes pasado en la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Liliana Korenfeld. Pero el reclamo les llegó también a los ministros de Salud y de Economía, Juan Luis Manzur y Axel Kicillof, respectivamente, y al secretario de Comercio, Augusto Costa.
Al no haber -según las entidades- un correlato entre las variaciones de costos e ingresos, el ajuste recae sobre las variables que pueden controlarse, tal como admiten en el sector. ¿Cuáles son? Los honorarios de los profesionales, los salarios del personal fuera de convenio, el pago de obligaciones fiscales y los plazos de pago a proveedores y prestadores.
En el escrito se menciona que, en un listado de 1000 medicamentos, se observó que en los últimos 12 meses hubo subas de entre el 30 y el 140%. Se agrega que la canasta básica de insumos hospitalarios se encareció 36% en un año, con casos de variaciones mucho más elevadas, como la del precio de las jeringas descartables (243%). La nota advierte que la situación "hace predecir una crisis de consecuencias irreparables si no se actúa de manera urgente".
La razón por la cual las clínicas y centros prestacionales reclaman junto a las prepagas es que la mejora de los aranceles que cobran por sus servicios depende del alza de los precios de los planes de salud. Desde el sector prestador se advierte desde hace tiempo que hay una situación crítica, sobre todo en el interior del país. Una señal de eso es que más de 1200 clínicas mantienen deudas con la AFIP, que no las puede embargar por la vigencia de la ley de emergencia sanitaria.
La semana pasada, Costa recibió a directivos de prepagas y de sanatorios. Y reiteró uno de los ofrecimientos que desde el Gobierno se les hace a las clínicas: el acceso a créditos blandos y a subsidios, ambas cosas para el pago de salarios. "No es la solución para un problema de fondo que se sigue agravando con la inflación", lamentó ayer un directivo de la actividad.
Además del aumento general de precios, la actividad acusó este año el impacto de la devaluación (por los insumos importados) y el que suponen las leyes que dispusieron mayores coberturas sin prever su financiamiento, por lo que todo se intenta trasladar a las cuotas.
El primer aumento de 2014 fue autorizado tras el impacto que tuvo la devaluación de enero. En aquel momento, las empresas estimaron un encarecimiento de 11%, y el Gobierno autorizó un alza del 5,5% en los precios de los planes de salud. Luego, llegaron otras subas de la mano de la firma de un acuerdo para la recomposición salarial en la actividad, que, según la carta presentada por las entidades, tuvo un impacto de 36,4%. Según los directivos, en ese momento desde el Gobierno se les había prometido que tendrían autorizadas tres subas de 9% en el valor de las cuotas, hasta el final del año. Sin embargo, eso finalmente no fue así (las alzas fueron de 9, de 7,5 y de 4%). Y ahora las entidades reclaman la diferencia acumulada.
El reciente reclamo a funcionarios lleva la firma de directivos de Acami (entidades sin fines de lucro); Cimara, Ademp y Cempra (prepagas); Adecra (clínicas); Cedim (centros de diagnóstico); Cassem (gremiales médicas); Faosdir (obras sociales de personal de dirección); Swiss Medical; la Asociación de Hospitales de Colectividad, y la Cámara Argentina de Farmacias. (La Nación)
