Zanandrea y Rosas llevan cinco años de pareja. Viven junto al hijo menor de ella, fruto de una relación anterior, en una vivienda ubicada en calle Isthilart, frente al Hospital de Niños Ramón Carrillo, en la zona sur de Concordia, lugar donde el suboficial cumple arresto domiciliario, mientras espera el fallo en la causa Zaragoza y otros s/ sedición agravada y otros, en la que 18 policías enfrentan acusaciones que podrían acarrearles hasta 18 años de prisión.
La vida de la joven de 27 años dio un vuelco luego de la detención de su pareja. Tiene ataques de pánico y no puede encontrar trabajo, a pesar de tener una carrera universitaria (es traductora de italiano) y otra terciaria (en turismo). Había logrado ingresar a mediados del 2014 como encargada a una cadena de comercios que había sido atacada por saqueadores durante aquellas jornadas, pero luego fue desvinculada, según relató, cuando se enteraron que era mujer de Rosas. Ahora hace comidas para vender.
De esta manera ayuda a la economía familiar, afectada seriamente luego de la detención de su esposo. El sueldo que percibe Rosas como integrante de la fuerza disminuyó abruptamente luego de la detención: llegó a cobrar 15 pesos por mes y ahora está percibiendo apenas unos $ 1.500. La Justicia le rechazó dos planteos para hacer trabajos particulares. Los padres de Solange, sus hermanos (en especial su hermana Lourdes), su amiga Emilia y su suegra la acompañan para poder cubrir los gastos de la casa.
Hemos pasado días sin comer. Pero la vamos a seguir luchando, destacó.
También remarcó la ayuda que les brinda, a través de un fondo voluntario al que aportan agentes, suboficiales, oficiales y personal en retiro y que fue organizado por el suboficial Martínez. Es una ayudita, mencionó en diálogo con APF.
A las penurias económicas se suma la marginación social a la que los someten los propios camaradas de armas de Rosas, algunos de los cuales agachan la cabeza cuando pasás, o se ríen. Ni siquiera fueron a tomar mate con él. No pido nada: sólo que lo acompañen. Me sobran los dedos de la mano para contar los funcionarios policiales que lo acompañan. Todos le dieron vuelta la cara. Y los jefes hicieron la de Poncio Pilatos, precisó.
Sin embargo, destacó el apoyo que le dio en todo momento la Escuela Belgrano, donde va su hijo. Se portó de diez, hasta el día de hoy.
A mí me sacaron a mi marido, me sacaron a mi Juan. A mi marido me lo cambiaron. Está mal. Lo único que hace es leer y hablar de la causa. Perdió la felicidad, la alegría. Le sacaron la vida, expresó.
Entre los imputados se llaman unos a otros y lloran. Vemos la parte más triste y vulnerable de ellos, reseñó.
Hechos y consecuencias
Juan Manuel Rosas es uno de los 18 imputados en la causa que investiga los sucesos ocurridos durante el 8 y 9 de diciembre de 2013 en la capital del citrus, que dejaron sin seguridad ciudadana a la localidad. Esta situación redundó en 3 muertes e importantes pérdidas económicas por los saqueos que se produjeron.
Es uno de los que aparece en las fotografías tomadas en la sede de la Cafesg al momento de la firma del acta que permitió destrabar la situación. Está de uniforme, con remera blanca de la fuerza, detrás del Gobernador Sergio Urribarri, tomándolo del hombro.
Hubo mucho reproche a él por haber participado. Y también alejamientos de personas que él consideraba demasiado importantes, reconoció Zanandrea. También se despegó de las marchas previas al episodio aclarando: Ni él, ni yo, ni ningún familiar estuvo en alguna marcha ni en ninguna entrega de petitorios. El jueves 5 y el sábado 7 de diciembre de 2013, movilizaciones de familiares de policías y algunos integrantes de la fuerza de franco, entregaron a las autoridades de la Departamental petitorios exigiendo mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. Fue la antesala de lo que ocurrió el domingo 8 y el lunes 9, cuyo entramado se está ventilando en las audiencias de la causa.
Como correlato de su participación en las negociaciones con el Gobernador, Rosas fue imputado por la Fiscalía y detenido el jueves 6 de febrero de 2014. Esto nos cayó de sorpresa. Esperábamos una sanción, pero administrativa, no algo tan profundo como la detención repentina, manifestó la esposa.
Luego, relató que su marido estaba trabajando ese día en la dependencia policial del balneario La Tortuga Alegre. Me llamó sobre el mediodía y me dijo que a su hermano, Carlos Rosas (también imputado), lo habían ido a detener a la casa. Y luego para decirme que lo estaban llevando a él. Parecía que se me venía el mundo abajo. Rosas intentó en ese momento tranquilizarla, diciéndole que, a lo sumo, podrían llevarlo a declarar a Tribunales. Pero terminaron siendo trasladados al penal de máxima seguridad de Federal, donde estuvo, junto a los otros policías acusados, hasta que se les otorgó la prisión domiciliaria a mediados del 2014.
El día del arresto, junto a otros familiares, Solange Zanandrea permaneció en una carpa improvisada que montaron frente a Jefatura, en la plaza 25 de Mayo. Al otro día, pudieron ir a Federal, luego de una colecta que hicieron entre ellos y policías de otras dependencias. Las impresiones que dejó esta situación y lo que le tocó vivir luego fueron devastadores, según describió.
El juicio, que se estima puede concluir a mediados de junio, está entrando en su etapa final, con las defensas produciendo pruebas que contrapesen las que incorporó la Fiscalía en la primera etapa. Hasta el momento, el testimonio que más complica a Juan Manuel Rosas es el del viceintendente Alejandro Casañas, quien dijo ante el Tribunal que era notoria la ostentación del arma que hacía durante la conversaciones con el Gobernador durante la noche del lunes 9.
Rosas, patrocinado por el defensor oficial Alejandro Giorgio, espera un resultado favorable a sus intereses en el fallo. De ser así quiere volver a la Policía. Si me permiten volver, vuelvo, me dice. Y si no, quiere irse de Concordia, comentó Zanandrea.
Pero pase lo que pase, voy a estar firme junto a él. Porque es lo que más necesita, remató.
