Paraná Por supuesta mala praxis

La Justicia investiga y ya detectó once damnificados por el Instituto Castroviejo

Desde el PAMI, señalaron que “preventivamente” el Instituto Castroviejo está en este momento suspendido como prestador. La Unidad Fiscal PAMI estuvo en el instituto Castroviejo y relevó pruebas. Investiga la justicia provincial.
El fiscal Pablo Piqué, titular de la Unidad Fiscal de Investigación PAMI (UFI PAMI), intervino directamente en las denuncias por supuesta mala praxis en el Instituto Oftalmológico Castroviejo, y recogió, junto a la perito oftalmóloga María Fernanda Merlo, pruebas y recorrió el centro asistencial durante el jueves último en el marco de la investigación en marcha luego de que al menos once pacientes denunciaran haber perdido la visión tras someterse a una cirugía de cataratas.
La UFI-PAMI) es un organismo que depende la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la jefa de todos los fiscales, y se especializa en prevenir, investigar y denunciar ante la Justicia aquellos delitos cometidos en todo el país por particulares o funcionarios públicos, que afecten el patrimonio de la obra social de los jubilados o que interfieran en los servicios brindados a sus afiliados. La averiguación que lleva adelante la UFI PAMI es de carácter reservado hasta que la denuncia formal llega a los Tribunales, publicó El Diario.
Esa visita de Piqué a Paraná no se conocía, hasta ahora, y da cuenta de la importancia que el PAMI dio a la situación creada en el Instituto Castroviejo, donde un grupo de afiliados a la obra social denunció la pérdida de parte de la visión luego de ser sometidos a una operación de cataratas, el 7 del actual. Aunque desde la clínica privada, que dirige la médica Alejandra Desio, jefa del Servicio de Oftalmología del Hospital San Martín, desacreditaron los cuestionamientos y acusaron al PAMI de llevar adelante una “campaña de difamación”.
Desde las oficinas locales de PAMI explicaron que la presencia de Piqué y Merlo hablan de la envergadura que tomó el caso, y la importancia que a nivel nacional dieron al escándalo de las denuncias por supuesta mala praxis.

No es la única investigación abierta sobre el Instituto Castroviejo. El viernes la Policía irrumpió en la clínica, ubicada en calle Urquiza al 600, y secuestró historias clínicas de pacientes atendidos entre el 7 y el 9 del actual, y también se llevó equipos informáticos para ser analizados.
El operativo se realizó a partir de una investigación que iniciaron los fiscales Ignacio Aramberri y Gervasio Labriola, con intervención del juez de Garantías, Ricardo Bonazzola.
En diálogo con El Diario, Aramberri señaló que de momento es la única medida que se ha tomado a partir de la instrucción judicial, que no hubo presentación de ningún damnificado y que tampoco se han presentado los representantes legales de Castroviejo.
En realidad, la UFI PAMI primero procuró encarrilar la investigación a través de la Justicia Federal de Paraná, pero cuando se advirtió que no había ninguna afectación al patrimonio de PAMI, se planteó una cuestión de competencia, y se derivó la investigación hacia la Justicia provincial. Fue entonces que el fiscal Piqué se entrevistó con la procuradora adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche, y se acordó la apertura de una causa, que quedó a cargo de los fiscales Aramberri y Labriola.
El Diario dialogó con el fiscal Aramberri.
—¿Qué medidas siguen?
—Ahora, vamos a tener que analizar la documentación secuestrada, los antecedentes médicos y las computadoras que se trajeron. Se van a analizar las historias clínicas y otros antecedentes médicos para que evaluemos el actuar de quienes aparecen como los médicos que intervinieron.

—¿Cuántos damnificados tienen detectados?
—En principio, son 11. Pero estamos en plena investigación.

El Instituto Castroviejo era, hasta ahora, el único prestador oftalmológico del PAMI en la costa del Paraná. Hasta 2014 existía un segundo prestador, el Instituto Santa Lucía, pero por diferencias contractuales, fue excluido. Ahora, la situación de Castroviejo está entre signos de interrogación: fue suspendido como prestador por la obra social de los jubilados hasta tanto concluya la investigación y se determine qué fue lo que realmente ocurrió con los pacientes que asistieron el día 7.
El PAMI tiene un universo de 78.000 afiliados en la costa del Paraná y la relación contractual con el Instituto Castroviejo se había iniciado en el año 2007. La clínica que dirige la médica Desio realizaba un promedio de 1.000 cirugías al año, y cada mes recibía una cápita que según voceros de la obra social rondaría el millón de pesos por dar cobertura a los afiliados.
Desde la obra social, señalaron que “preventivamente” Castroviejo está en este momento suspendida como prestador del PAMI por lo cual los afiliados que decidan atenderse en ese instituto serán tratados como pacientes particulares. Al respecto, el titular del organismo, Carlos Alonso, dijo que ya se acordó con un prestador de Santa Fe dar cobertura mientras se analizan distintas alternativas de atención en Paraná.
“No se sabe qué fue lo que pasó con la infección de los pacientes que derivó en casos de pérdida de la visión luego de la operación”, dijeron desde el PAMI. “Ese es el principal problema –subrayaron-: no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó”.

“Campaña de difamación”
El Instituto Oftalmológico Castroviejo emitió, el 19 del actual, un comunicado que resultó ser el único pronunciamiento oficial de la clínica que dirige la médica Alejandro Desio respecto del escándalo derivado de la denuncia de pacientes que dijeron haber perdido la visión luego de haber sido intervenidos quirúrgicamente.
La versión de la empresa es que “algunos de los pacientes intervenidos el día 7 de mayo de 2015 tuvieron una evolución diferente a la esperada con posterioridad a las 24 horas de la cirugía. Por tal razón, se realizó un estricto seguimiento de los mismos durante las próximas horas, debiendo considerar, por la calidad de los hallazgos y la evolución, que podría tratarse de un proceso infeccioso. Ante ello, se procedió a la inmediata aplicación del protocolo médico que amerita el caso, que implica la realización de una vitrectomia con aplicación de sustancias antibióticas específicas intraoculares conforme impone protocolo médico, y una vez obtenidos los resultados preliminares, se procedió a la prescripción de la terapéutica local y sistémica acorde con el resultado de laboratorio”.
Y hablaron de una “campaña de difamación, con espurios fines e intencionalidad política de las autoridades locales del PAMI, a través de la desinformación, difamación y desprestigio, que trasciende a sus propios afiliados, por lo cual accionaremos legalmente”.
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